La crisis financiera de 1994 en México, conocida como el "error de diciembre", afectó gravemente a los sectores más endeudados, y pareciera que particularmente a los deudores hipotecarios; condujo finalmente al rescate conocido como Fobaproa. Según el informe de Girón y Correa (1997), para agosto de 1995, el sistema bancario contaba con 7.8 millones de deudores, de los cuales 866 000 correspondían a deudores hipotecarios. Estos representaban algo así como el 8.6 % de la población mexicana de ese momento (suponiendo que fuesen todos personas físicas), lo que indica que, si bien el impacto fue considerable, afectó principalmente a quienes tenían créditos bancarios. A grandes rasgos, yo diría, la crisis no fue un problema generalizado, sino que golpeó con mayor fuerza a quienes mantenían una relación financiera directa con los bancos.
El gobierno mexicano implementó algunas medidas para mitigar el impacto de la crisis. Entre ellas estuvo la creación de las unidades de inversión (udis) en 1995, que permitieron la reestructuración de créditos hipotecarios, estabilizando los pagos de los deudores y frenando el aumento descontrolado de las tasas de interés. Como resultado de estas acciones, se observó una recuperación relativamente rápida de las carteras vencidas hacia principios de 1996, según el Informe Anual 1997 del Banco de México (1998). Los datos de Banxico muestran que, desde el pico de mayo de 1995 de las familias con posición neta deudora (-3.1), pasó a neta acreedora en enero de 1996 (0.7), con una tendencia ascendente hasta alcanzar un valor de 4.2 en diciembre de 1997. Con el caso de las empresas sucedio algo similar aunque de manera más lenta, pues el saldo acreedor se logró hasta principios de 1997.
Por otro lado, la percepción pública sobre el Fobaproa ha sido en gran medida negativa. A nivel popular, se ha criticado la falta de castigo a los responsables de la crisis. Un ejemplo claro de esta frustración aparece en la tesis de González González (2000), en la que es manifiesto el sentimiento de impotencia de muchos ciudadanos ante la impunidad de los "delincuentes de cuello blanco" o por créditos que "terminan de pagar con sus nietos [sic]", a pesar del esfuerzo gubernamental para reestructurar la deuda. Vale mencionar que algunos de los responsables de la crisis fueron encarcelados, entre ellos Jorge Lankenau (8 años), propietario de Banca Confía, y Carlos Cabal Peniche (3 años, tras permanecer prófugo 4 años), dueño de Banca Cremi y Banco Unión.
No obstante el costo estimado del Fobaproa, que ascendió a entre el 15% y 20% del PIB mexicano, la intervención fue fundamental para estabilizar el sistema financiero interno y prevenir una crisis económica más profunda. Los esfuerzos de recuperación de las carteras vencidas y el apoyo a los deudores hipotecarios, como la introducción de las udis, mitigaron el impacto a largo plazo en la economía. Quizá pudo ser más eficiente, como un rescate muy parecido que se hizo en Suecia entre 1990 y 1994, que tuvo un costo inicial del 4 % del PIB sueco, aunque de todas maneras demuestra que la intervención gubernamental es necesaria en cuanto a por lo menos dar una aportación inicial de recursos. En este sentido, las críticas sobre el manejo del Fobaproa tienen más que ver con una reacción emocional que con un análisis de los datos concretos.
Referencias
- Banco de México. (1998). Informe Anual 1997. México D. F.
- Fernández Morán, J. (1998). Préstamos hipotecarios, ¿qué pasó? Carta económica regional, 11(61), 16-20.
- Girón, A., & Correa, E. (Comps.) (1997). Crisis bancaria y carteras vencidas. México: UAM.
- González González, M. A. (2000). Fobaproa y sus consecuencias económicas, políticas, sociales y jurídicas. Tesis de maestría en Ciencias de la Administración con especialidad en Relaciones Industriales, Universidad Autónoma de Nuevo León.
